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SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL ESPAÑOL

Lucio García Fernández

 

1.    INTRODUCCIÓN

El estudio del sistema electoral español aplicado en la elección de miembros del Congreso de los Diputados y las consiguientes propuestas de reforma han sido temas recurrentes de análisis por parte de investigadores de diversos campos académicos en nuestro país. Sería imposible dar en estas líneas detallada cuenta de la pléyade de libros y artículos dedicados al tema  desde que la democracia echó a andar en España tras la muerte de Franco. La gran cantidad de investigaciones dedicadas a la representación política y, especialmente, a las posibilidades de reforma electoral en nuestro país restringen indudablemente las posibilidades de aportar nuevas ideas. Sin embargo, la perspectiva política de España en la actualidad —marcada por el descrédito de la actividad política y la crisis económica mundial — constituye un punto de vista distinto respecto a este problema, que quizás nos permita observar los argumentos defendidos bajo una luz inédita. En consecuencia, la finalidad de este artículo consiste en diseccionar lo mucho que ya ha sido expuesto sobre las posibilidades de reforma electoral desde esta circunstancia presente.

Sin embargo, la variedad de las propuestas referidas aconsejan centrar el análisis de un modo más concreto. Por ello, tratamos de señalar la pertinencia de ciertas reformas en detrimento de otras, desde el convencimiento de que servirían para incrementar la representatividad política, entendida como la proporcionalidad entre votos y escaños, por una parte, y la representación plural de las opciones ideológicas y de intereses de los votantes españoles, mediante el incremento del papel a desempeñar por las diferentes fuerzas políticas en función de su apoyo electoral.  

Es obvio, pues, que partimos de la aserción, mayoritariamente reconocida, de que el sistema electoral produce sesgos o tendencias desproporcionales y bloquea la  pluralidad representativa en el Parlamento.

2.    CARÁCTERÍSTICAS ESENCIALES DEL SISTEMA ELECTORAL ESPAÑOL

 Los elementos básicos de cualquier sistema electoral son: a) la circunscripción o distrito electoral (tipo —territorial, cultural, profesional, etc.—, magnitud —uninominales o plurinominales—, volumen demográfico, extensión territorial); b) el número de escaños correspondientes a la cámara cuyos representantes se eligen; c) el tipo de candidaturas (unipersonales, de lista —abiertas, cerradas-bloqueadas y cerradas-no bloqueadas—); d) la estructuración del voto (categórico u ordinal y único o múltiple);  y e) la fórmula electoral (mayoritaria —relativa o absoluta— o proporcional). Otros elementos del sistema menos básicos son: a) las barreras electorales; b) las primas de mayoría; y c) el quórum de participación. E incluso podríamos señalar otros elementos complementarios como el tipo de elecciones, la caracterización del sufragio (directo o indirecto); la unión de listas electorales; el procedimiento de provisión de vacantes o el procedimiento de desempate.

En el caso de las elecciones al Congreso de los Diputados español, el sistema electoral se caracteriza fundamentalmente por: a) una Asamblea compuesta por 350 miembros; b) la fijación de cada una de las 50 provincias como circunscripciones o distritos electorales, a las que se suman las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; c) la asignación de un mínimo inicial de dos escaños por distrito (con la excepción de Ceuta y Melilla, a las que corresponde sólo uno), y la distribución de los 248 restantes por tramos prefijados de población; d) una fórmula proporcional (fórmula D’Hondt) de asignación de escaños respecto de los votos obtenidos por cada fuerza política; e) la presentación de listas de candidatos por los partidos para ser votados de forma cerrada y bloqueada, dando lugar a un voto, pues, categórico y único; f) una barrera legal del 3 por ciento de los votos válidos emitidos en la circunscripción para optar a la asignación de escaños. La legislación electoral no ha establecido quórum de participación alguno, ni primas a la mayoría. De estos elementos, los más relevantes son la magnitud de las circunscripciones, el tamaño de la asamblea, el prorrateo electoral, la fórmula electoral y  la  barrera legal, en los cuales se centrará nuestro análisis.

Si algún calificativo corresponde al sistema electoral español es el de anómalo, porque a pesar de definirse como sistema proporcional, la combinación de los elementos mencionados produce efectos característicos de los sistemas mayoritarios. De ahí, que muchos estudiosos no lo consideran proporcional sino mayoritario atenuado o proporcional imperfecto. Los sistemas mayoritarios suelen sobrerrepresentar a los ganadores, en los proporcionales la representación suele ser más proporcionada y plural, a menos que diversos elementos del sistema traten de corregir tal proporcionalidad por el peligro de atomización del parlamento, para mediante la sobrerrepresentación de los partidos más votados, asegurar la estabilidad gubernativa[1]

Así, en el caso español la desproporcionalidad en la representación y el bloqueo de la pluralidad dependen de la combinación de un gran número de circunscripciones de baja magnitud (34 con 6 escaños o menos, frente a 18 medianos o grandes, es decir, con más de 7 escaños) con la fórmula electoral, la notable desviación del prorrateo y, sobre todo, el acusado “efecto de varianza” de las magnitudes de circunscripción (entre 1 escaño la más pequeña hasta 36 la más grande). A ello se podría añadir el tamaño relativamente reducido (350 escaños) de la Cámara de representantes en perspectiva política comparada. Aunque es cierto que la fórmula aplicada para el reparto de escaños: la Ley D’Hondt “tiene una bien conocida tendencia a favorecer en mayor medida a los partidos grandes y a castigar con mayor dureza a los partidos pequeños”[2], no es menos cierto que tiene un efecto desproporcional mayor en las circunscripciones de baja magnitud que en las grandes. Y precisamente al sistema español se le caracteriza como de “representación proporcional de baja magnitud”[3], porque su magnitud media (6,7 escaños) y su mediana (5 escaños) están entre las más bajas de todos los países democráticos. En definitiva, podríamos decir que no influye tan decisivamente como el tamaño de la magnitud sobre la desproporcionalidad del sistema electoral[4].

3.    ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL

Como es bien conocido el sistema electoral es el instrumento más manipulable del sistema político[5]. De ahí que gran parte de las teorías que plantean la reforma del mismo se hayan centrado en el análisis de los elementos del sistema electoral. A nivel práctico, en las democracias, el cambio de régimen electoral o de alguno de sus principios también ha sido un instrumento recurrente por diversos estados a lo largo de su historia. No es de extrañar, pues, que desde el comienzo del actual régimen electoral en España, los debates sobre la idoneidad de algunos componentes del sistema electoral o sobre la necesidad de cambiar de régimen electoral se hayan sucedido como un discurso ininterrumpido con momentos de gran intensidad. En concreto, en nuestro país dicho debate se ha centrado en la falta de proporcionalidad entre votos y escaños, el tipo de listas electorales y el peso de los partidos nacionalistas en la vida política[6]. No obstante, debemos partir del hecho de que el sistema electoral es una parte del sistema político y, aunque sus transformaciones tienen una influencia bastante grande sobre el propio sistema, siempre existen otros elementos sobre los que se debe actuar directamente. Además, algunos de estos elementos también influyen, a su vez, sobre el propio sistema electoral a través del sistema de partidos. En segundo lugar, el mismo modelo de sistema electoral puede producir efectos determinados diferentes en países distintos. Ello es debido a que cualquier sistema electoral no funciona sino a través de su inserción en un sistema político, social y cultural concreto. En tercer lugar, el carácter sistémico de los componentes del sistema electoral supone que los efectos producidos lo sean por la aplicación del conjunto y no por la de algunos de ellos de un modo aislado. Así, la transformación de alguno de sus elementos, por ejemplo el tamaño de las circunscripciones, afecta al resto de los componentes, produciendo en conjunto sesgos relativos a la proporcionalidad y a la pluralidad y efectos sobre el sistema político diferentes a los que se producían anteriormente. Pero para ser efectivos, es más útil cambiar los elementos del sistema que favorecen el efecto que se desea contrarrestar.

De acuerdo con lo dicho anteriormente, por razones de claridad,  realizaremos en este apartado un análisis y valoración de las propuestas y posibilidades de transformación de los elementos del sistema electoral más relevantes de un modo individualizado, centrado en las dos variables dependientes que nos planteamos: proporcionalidad y representación plural, aunque desde una visión de conjunto sobre la coimplicación de dichos componentes.

1) Sistema mayoritario o proporcional. Debido al carácter general que atribuimos al sistema electoral mediante las cualidades de mayoritario o proporcional, parece obligado comenzar nuestro análisis por estos principios. En el caso español, como ya sabemos, se trata de un sistema proporcional fuertemente corregido por la caracterización de algunos de sus componentes. De hecho es el menos proporcional de los sistemas proporcionales europeos[7]. Tal es así que algunos autores han señalado que se trata de un sistema que combina circunscripciones muy proporcionales, por ser de alta magnitud, con otro fuertemente corregido, el correspondiente a las de baja magnitud. Se trataría de exponer, pues, las previsibles consecuencias que un cambio hacia un sistema mayoritario tendría. Propuesta que ha sido defendida desde el comienzo de nuestra última etapa democrática por fuerzas de la derecha española.

 Los sistemas mayoritarios suelen darse unidos a distritos uninominales y con una magnitud similar entre ellos, como es el caso de Gran Bretaña o Estados Unidos  para sus cámaras bajas. Sin embargo, tal cualidad no es imprescindible, ya que podría estar acompañado de distritos plurinominales, como es el caso de la elección al Senado español, y disímiles en cuanto a magnitud o número de electores. Lo que realmente preside los sistemas mayoritarios es el principio de “ganador único” de las elecciones o en su versión anglosajona “first past the post”. De este modo, tales sistemas son ajenos a la defensa de la proporcionalidad, mayor o menor, entre votos y escaños. De ahí, que suelan producir efectos altamente desproporcionales. También actúan sobre la pluralidad, obstaculizando y reduciendo la representación de opciones políticas. En estos sistemas el número de votos inutilizados suele ser alto, y ello incrementa el voto útil o segrega a demasiados electores. Como elemento de equilibrio de lo anterior, la disciplina de partido suele ser más laxa que en los sistemas proporcionales. En estos, la proporcionalidad y la pluralidad, como regla general, suele ser  mayor que en aquellos. Históricamente, los sistemas proporcionales, precisamente, surgieron con la extensión de los sufragios a toda la población adulta, y con su interés por reflejar las necesidades e intereses plurales de las sociedades.

Por otra parte, los sistemas mayoritarios, al elegir un único representante por circunscripción, tienden a estrechar la relación entre el representante y los representados, fomentando la responsabilidad política y, aparentemente,  sirviendo de freno a la corrupción. También han sido vistos tradicionalmente  como un medio de influencia de los electores en el gobierno, especialmente, como un modo de organización que permite penalizar a quien gobierna mal. Además, fomenta las opciones políticas realistas y la estabilidad gubernativa, ante la posibilidad de perder las elecciones[8]. Así mismo, se arguye que generan mayor efectividad y rendimiento de los gobiernos, y una mayor simplicidad de la política, al establecer un eje gobierno-oposición bien delimitado. No obstante, cuando el gobierno ganador no tiene mayoría encuentra más dificultades para establecer coaliciones. Por esa vía centrada en la defensa de intereses concretos del electorado también es posible en su expresión más radical aumentar el clientelismo. Lo cual supondría una fragmentación del interés general a favor de intereses concretos de grupos de votantes en los órganos políticos y, por tanto, el peligro para la estabilidad gubernativa. A parte, su adopción en la actualidad, generaría problemas respecto de la disciplina de los partidos, y parece inviable en un sistema en el que el pilar de la financiación de los partidos es público. Además, implicaría la reforma constitucional.

En todo caso, y aunque cada sistema ofrece ventajas y desventajas, alcanzar  las principales ventajas de un sistema mayoritario como son la relación más directa de los representantes con los representados y la estabilidad gubernativa no requieren de la adopción de dicho sistema. La vinculación entre intereses de los electores y de los representantes probablemente se logre de un modo más efectivo, y al margen de clientelismos, democratizando internamente a los partidos políticos y abriéndolos a la participación de la ciudadanía mediante un sistema de primarias para la elección de los líderes en los diferentes niveles por parte de todos sus miembros, el cual se podría adoptar igualmente para la elaboración de las listas de candidatos. En cuanto a la segunda ventaja, la estabilidad gubernativa, el sistema electoral español aun siendo proporcional muestra tanta o mayor estabilidad como los mayoritarios, tal como se muestra en la tabla nº 1. Aunque en nuestro caso también influye la limitación de las mociones de censura en cuanto que mecanismo de control y sustitución del gobierno. Lo que demuestra que ciertos elementos correctores de la fragmentación parlamentaria sirven para eliminar la inestabilidad de gobierno en sistemas proporcionales. Lógicamente la duración de los gobiernos es un índice de la estabilidad de los mismos, pero en ningún caso de su legitimidad o de su efectividad en las tareas de gobierno o, a lo sumo, indicadores parciales de gobernabilidad[9].

TABLA Nº 1. Duración de los gobiernos según diferentes tipos de sistema electoral en 23 democracias, 1946-2000.

Países

Duración de los gobiernos en días

Con sistema electoral…

Mayoritario

 

709,95

Proporcional

704,23

Mixto

678,34

España

1.134,50

Fuente: Montero, J. R. y Riera, P.: “El Sistema electoral español: cuestiones de desproporcionalidad y reforma”, Anuario de la Facultad de Derecho, UAM, núm. 13, 2009, p. 263.

Por otra parte, observamos una tendencia en Europa, durante el siglo XX, consistente en el paso de sistemas mayoritarios a sistemas proporcionales. Es el caso de Bélgica (1899), Finlandia (1906), Suecia (1911), Holanda (1917), Alemania (1919), Suiza (1919), Italia, Francia y Noruega (1921), Irlanda (1922) o España (1978). Marcada por la extensión del sufragio y la aparición de los partidos de masas.

Así que parece poco pertinente cambiar de sistema, pero, de hacerlo, es mejor la adopción de un sistema mixto como algunos han propuesto. Éste, al menos, parece más  capaz de equilibrar la proporcionalidad y la pluralidad con la estabilidad del gobierno.  Sistemas mixtos han sido puestos en práctica en Alemania, Japón, Rusia, Hungría, Nueva Zelanda, Italia, Croacia, Bolivia, Venezuela, México, etc. Torres del Moral propone el sistema mixto alemán, que combina el sistema mayoritario, mediante circunscripciones uninominales por mayoría relativa, y el proporcional a nivel federal, a partir de listas cerradas y bloqueadas de partidos políticos, aplicando la fórmula de Hare. El elector dispone de dos votos: uno para el candidato de su circunscripción, otro para el partido a escala nacional. Este sistema intenta conciliar la importancia de la elección directa de un candidato con la importancia de los partidos políticos, y puede ser visto como un remedio ante el miedo a reeditar la fragmentación de partidos que tuvo lugar en la República de Weimar, lo cual facilitó el ascenso del partido totalitario nacionalsocialista al poder[10]

En mi opinión, quizás sea un poco complicado para el votante español, al menos difícil de asimilar al principio. Además la responsabilidad de los representantes ante sus electores estaría chocando constantemente con los intereses de los partidos, generando conflictos internos dentro de estos últimos, que actualmente se oponen frontalmente a la visión de los electores españoles, quienes valoran más a los partidos que se presentan bien organizados, unidos y no divididos; recordemos los casos de UCD, IU y, los más recientes, del PSOE y el PP, dividido, en parte, por los casos de corrupción que le han afectado. De lo contrario, la elección de candidatos en distritos unipersonales estaría sometida a la de la elección sobre los partidos, como de hecho ocurre en Alemania[11], máxime si tenemos en cuenta que no ha generado una relación estrecha entre elector y candidato. Otro inconveniente consistiría en cómo repartir los escaños uninominales, puesto que nos abocaría a rediseñar un mapa nuevo de distritos electorales o a asignar un escaño por circunscripción provincial, generando un desequilibrio de población enorme, lo cual solo parcialmente podría ser compensado mediante los escaños a nivel nacional, al tratarse de otro sistema de elección. Además, es discutible si requeriría de la reforma constitucional. Sin embargo, sí es más proporcional que el español, puesto que, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, los partidos medios obtienen una sobrerrepresentación gracias al voto estatal[12].

2) Circunscripción. El distrito electoral, y en concreto su magnitud, juega un papel fundamental en España respecto del efecto de desproporcionalidad y la falta de pluralidad en la representación parlamentaria[13]. De hecho, ya Kelsen advirtió de la contradicción existente entre el sistema proporcional y la delimitación por circunscripciones del voto, puesto que obstaculizaba la propia representación proporcional[14]. Por todo ello han sido abundantísimas las propuestas de modificación de tales circunscripciones.

En cuanto al tipo de distrito electoral, parece ajena a la historia y a la sociedad española cualquier posibilidad que no conciba al distrito territorialmente. No obstante, en alguna ocasión, se ha propuesto formar una circunscripción añadida con el voto procedente de los emigrados. Lo cual supondría modificar la asignación de escaños actual a cada distrito, introducir el criterio del número de electores  al margen de la provincia y, en definitiva, la necesidad de modificar la CE, que establece claramente el criterio territorial provincial. Y, todo ello, sin lograr cambios cualitativos importantes respecto a la proporcionalidad o la pluralidad, a menos que dicha medida se combine con otras de mayor incidencia en cuanto a los efectos.

Otra posibilidad más relevante sería modificar la extensión territorial del distrito buscando la acomodación de la misma a un volumen demográfico más proporcional entre los mismos. Las diferencias existentes entre las provincias españolas en cuanto a número de población, hacen prácticamente imposible una distribución equitativa del número de escaños con la intención de reducir la acusada sobrerrepresentación de los partidos más votados y la infrarrepresentación de los partidos medianos de ámbito estatal y los pequeños.

Algunas propuestas, desde una óptica mayoritaria, sugieren la división de todo el territorio en distritos electorales uninominales con similar número de electores. Lo cual conlleva, al menos, tres importantes problemas, el primero, la dificultad técnica de trazar el mapa de distritos electorales como ya habíamos mencionada; el segundo, que sería una medida que encontraría posiblemente reticencias culturales y sociales entre la población; y, en tercer lugar el choque frontal con la CE y el requisito de la provincia como circunscripción. Por no mencionar la facilidad con la que el diseño de distritos electorales tiende a ser  manipulado (gerrymandering) con intenciones partidistas o el menor incentivo a la participación que suele darse en distritos uninominales[15].

Otras propuestas, por el contrario, desde una perspectiva proporcional, tratan de ampliar territorialmente el distrito, lo cual es más lógico para equiparar porcentaje de población y número de escaños asignados. Así, algunos establecen el distrito en la comunidad autónoma y otros desearían que todo el territorio nacional se convirtiera en un distrito único. Esta última opción incrementaría la fragmentación parlamentaria hasta el punto de que de los doce partidos representados en el Parlamento por término medio se pasaría a veinte, a menos que se aumentara la barrera electoral. Sin duda, se ganaría en proporcionalidad por la simple razón de que la población y la distribución de escaños serían más equilibradas y, como consecuencia, se ganaría en pluralidad. Aunque más aún en el segundo caso que en el primero. No obstante, esta segunda medida no sería probablemente compartida por los partidos nacionalistas. Pero, ambas propuestas requerirían la modificación de la CE. Además chocarían con la raigambre cultural de la provincia española en el imaginario político e histórico de los españoles

Está claro que en la existencia de circunscripciones de pequeña magnitud, donde los partidos mayoritarios obtienen sobrerrepresentación, se sitúa una de las claves de la desproporcionalidad. Las propuestas en este sentido han tendido a intentar adaptar el número de escaños a la población, reservando un mínimo de uno por provincia y distribuyendo, precisamente, con criterios de porcentaje de población el resto. Lo cual también lograría una mayor proporcionalidad, aunque no tanta como a veces se presume. Esta medida puede resultar más justa desde el punto de vista formal, pero no desde el sociológico, debido a que aquí también nos enfrentaríamos al abigarrado provincianismo existente en nuestro país. 

Estas propuestas relativas a la magnitud de la circunscripción tratan de ampliar la proporcionalidad del actual sistema español, corrigiendo una de las medidas introducidas en el diseño de la ley electoral y que lo aproximan a un sistema mayoritario. Un sistema proporcional que no introduzca sesgos es deseable como expresión de la pluralidad política de la sociedad española, pero ello puede ser un arma de doble filo. En el lado negativo, un sistema político como el español acomodado al dominio institucional y social y al enfrentamiento de los grandes partidos podría caer en la ineficiencia gubernamental, el bloqueo legislativo, los gobiernos efímeros e, incluso, el desgobierno si se hiciera más fragmentado, porque las coaliciones de gobierno serían más frágiles e inestables; baste recordar el caso de Italia[16]. Otra desventaja está constituida por el papel que fuerzas políticas con apoyo electoral minoritario podrían estar llamadas a desempeñar en el gobierno, haciéndose así un flaco favor a la representatividad y proporcionalidad que se trataba de lograr. Se generalizaría la política de concesiones a tales partidos minoritarios, que suelen ser injustas y movidas por intereses partidistas. Además se dificulta la responsabilidad de gobierno y la del representante se diluye aun más, ya bastante comprometida por la intervención de los partidos políticos, y en consecuencia la rendición de cuentas[17]. Así como la dependencia de los representantes respecto de los representados y la aparición de fuerzas extremistas. Tampoco fomenta la moderación y el realismo, sino el oscurantismo y la estrategia competitiva[18]. Es previsible que proliferarían los nuevos partidos. No debemos olvidar que la ciudadanía pide al gobierno justicia, pero también eficiencia[19].

En el lado positivo, podría a la larga servir para fomentar la representatividad, el incentivo a la participación, el compromiso del gobierno, el control del gobierno por el parlamento, un margen de maniobra mayor para el votante, el consenso, la transacción, el interés de Estado, la flexibilidad, la adaptabilidad a los cambios, la integración del sistema, la percepción positiva del sistema político, la negociación y el acuerdo político[20], y no el mero recurso a las coaliciones como pauta de la acción gubernamental, como de hecho ocurre en otros países como Holanda, Austria o Suiza. También consideramos que las posibilidades de coalición en un sistema más pluripartidista, al ser más abiertas, reducirían la dependencia que los dos grandes partidos han tenido en dos tercios de las legislaturas de coaligarse, pactar o buscar el apoyo de determinadas fuerzas nacionalistas.

   Tratar de corregir la desproporcionalidad y la limitada pluralidad no supone obviar la realidad histórica de España, más bien tratar de responder a los aspectos sociales mediante medidas racionales que coadyuven a la transformación histórica del país mediante la normalización que genera la normatividad. Después de 30 años, la sociedad española y los partidos políticos han cambiado, y requieren pues una nueva legislación, las opiniones populares y algunas institucionales claman por cambios que adapten el sistema electoral y el de partidos a la nueva realidad española y al sentir de los propios ciudadanos. En todo caso, sin obviar el carácter histórico de cualquier Constitución y de los sistemas de partido y electoral que en ella son ordenados, se trataría de introducir medidas que permitieran respetar la pluralidad política de un país hasta límites que no supongan la ingobernabilidad del mismo. Ya Sartori hace más de dos décadas era consciente de la necesidad de armonizar representatividad y eficiencia, pero denunciaba en esos momentos la poca atención que se le prestaba a la segunda[21]. Todos sabemos que la radicalización de la pluralidad es tan negativa para la democracia como el monopolio del poder por una única fuerza política o la polarización entre dos fuerzas antagónicas, en todos esos casos se pierde el carácter de equilibrio entre el consenso y el disenso que caracteriza al régimen democrático, y que lo hace ser aceptado como la mejor forma de organización de la convivencia y el mejor  instrumento de solución de los problemas sociales de entre todos los conocidos hasta hoy.

3) Número de miembros en el Congreso. Las propuestas en este sentido han sido de dos tipos. Unas que suponen, al margen de los límites de entre 300 y 400 miembros que determina la CE, aumentar por encima de ese número los escaños hasta hacerlos proporcionales con las respectivas poblaciones de cada provincia, con lo cual el mínimo de dos diputados por distrito podría mantenerse sin problemas.  Se ha argüido para ello el número relativamente bajo de miembros de la asamblea si lo comparamos con otros países de población similar a la nuestra. En este sentido, países como Estados Unidos, Australia, Malta, Holanda, Suecia o Francia, por citar solo a algunos, han aumentado el tamaño de sus asambleas a lo largo de su historia.  

Entre las  propuestas que se sitúan en el límite constitucional, algunas proponen la reducción de miembros, incluso hasta los 300, acompañada de un único escaño por distrito, lo cual carece de toda lógica excepto la de dejar todo como está, porque el número de escaños a distribuir seguiría siendo como en la actualidad 248. Otras  proponen aumentar el número de miembros hasta el máximo — 400 —; lo cual, aparte de su impopularidad, si se une a la propuesta de reducción de un mínimo escaño por provincia generaría una mayor proporcionalidad global, pero a costa de reducir el número de fuerzas representadas en los distritos pequeños, y, como ha mantenido Josep M. Vallés la consiguiente percepción por parte del ciudadano de la amputación de uno de sus diputados[22]; lo que también ocurriría con la propuesta relativa a 300 diputados y un solo escaño por provincia. Así, para no reducir las fuerzas representadas en cada provincia, habría que dejar el mínimo por distrito en dos escaños y aumentar hasta 400 el número de diputados.

 

4) Fórmula electoral. La influencia de la Ley D’Hondt como instrumento de reparto de escaños es menos importante respecto a la proporcionalidad y a la pluralidad que la magnitud de la circunscripción, el mínimo de dos escaños asignados a cada distrito o el número de miembros de la asamblea. De hecho sus efectos desproporcionales son prácticamente nulos cuando todo un país constituye una circunscripción única, no son relevantes en los distritos con magnitud grande y solamente opera cuando la magnitud de los distritos es pequeña (menos de 7 escaños), pero, éste es el caso en nuestro país.

Sin embargo, las propuestas tendentes a la modificación de los componentes mencionados —tamaño de la asamblea y magnitud de la circunscripción— se han acompañado de las relativas al cambio de la fórmula electoral. Así, se ha propuesto sustituir la D’Hont por alguna de las fórmulas del resto mayor, que son las más proporcionales y que benefician a los partidos con un número medio de votos[23]. Entre ellas se ha contado la fórmula Hare, que es la más proporcional, ya que establece la cuota de reparto de escaños simplemente dividiendo el número de votos emitidos entre el número de escaños, y asignando a cada partido tantos escaños como cuotas tenga contenidos en el número de votos obtenidos. Otras fórmulas de resto mayor como la Droop, Hagenbach-Birschoff o Imperiali introducen modificaciones para favorecer a los partidos más votados.

Algunas veces se ha propuesto sustituir la fórmula D’Hondt por otra de las de divisor común como la Saint-Lagüe, que divide los votos obtenidos por cada partido entre números impares y permite la representación de partidos medianos, o la Saint-Lagüe modificada que, además, obstaculiza la asignación de escaños a partidos pequeños al comenzar la división en vez de por 1 por 1,4. Siempre que la circunscripción sea de baja magnitud.

5) Candidaturas. En el sistema español las mismas se presentan en listas cerradas y bloqueadas. “La principal virtud de estas listas descansa en la sencillez de su funcionamiento: los ciudadanos solamente votan a un partido político que,  previamente, ha decidido quienes serán los candidatos en cada circunscripción”[24]. Además, las listas cerradas por su facilidad pueden fomentar la participación electoral. Pero en el lado negativo, este tipo de listas limita la capacidad de elección del votante, alejan a los electores de sus representantes, despersonalizan el mandato parlamentario y reducen la autonomía del representante, refuerzan las oligarquías de los partidos y degradan la calidad del mandato[25]

Aunque ha habido algunas propuestas que mantienen el desbloqueo de las listas, las principales propuestas han defendido las listas abiertas. Sin embargo, las listas desbloqueadas consiguen, como ha ocurrido en los países nórdicos, aumentar la representación de mujeres y de miembros de las minorías. Sin embargo, provocan que cada candidato compita no solo con los de otros partidos sino con los del suyo propio, fomentando la creación de facciones dentro de los partidos políticos. También pueden ser una oportunidad para el clientelismo por parte de ciertas organizaciones y grupos de interés.

Por su parte, las listas abiertas requieren de una información apropiada por el elector, de un contacto con la ciudadanía por parte de la clase política que hoy no sé da y, en suma, de una cultura política que tampoco tenemos, así como del conocimiento del sistema de voto, que es más complicado. Puede, además, tener un efecto al principio disuasorio de participación electoral, que con el tiempo desaparecería. Aunque se implantaran las listas abiertas, la inercia creo que durante bastante tiempo sería votar a los candidatos del mismo partido, porque la identificación de los electores con sus líderes, a través de los medios de comunicación, es más fuerte que con  los candidatos anónimos a los que votamos. Y la experiencia de nuestro Senado así lo atestigua. La fortaleza de los partidos en el sistema político español no sería duramente erosionada, al menos, durante bastante tiempo. Además siempre está el peligro de generar conductas clientelares, sobre todo en las circunscripciones de gran magnitud en las que la responsabilidad del representante se diluye con mayor facilidad. Sin embargo, en general, parecen mejorar la calidad de la representación. Sería, en algún sentido, resucitar la auctoritas en lugar de la autoridad adscriptiva. Y aunque son un buen elemento para combatir la corrupción política, ya que permitirían no votar a políticos imputados en tales casos, resolver la cuestión de la rendición de cuentas de los representantes —su responsabilidad— a favor de los electores en lugar de las cúpulas de los partidos y reducir, pues, la dependencia de los diputados respecto de los partidos políticos, pueden provocar una mayor fragmentación política; no previsible en el corto tiempo en el sistema español. Aunque, según Kelsen, dicha fragmentación o, incluso, atomización de partidos en el parlamento puede ser la ocasión para las coaliciones “esto es, la necesidad de salvar las pequeñas diferencias entre los partidos y llegar a puntos de acuerdo sobre los intereses comunes más importantes, necesidad, que desde el cuerpo electoral trasciende al Parlamento”[26]. En términos generales, no afectarían a la proporcionalidad, porque el escaño sería alcanzado por los más votados, aunque si habría desproporcionalidad entre los votos necesarios en diferentes provincias para obtener el escaño, en función de la dispersión mayor o menor del voto. José Ramón Montero afirma que no tendrían especial incidencia en el Parlamento[27]. Sin embargo, aunque esto es cierto si no se combina con la reforma de otros elementos electorales, sí podría servir, al menos, para que todos los partidos políticos abrieran un debate interno sobre sus candidatos y el modo de elegirlos. Las listas abiertas han sido demandas en el caso español especialmente en los momentos en los que los escándalos de corrupción política han azotado a nuestra democracia. Pero, la honestidad de los políticos que es lo que realmente se desea no se resuelve exclusivamente mediante este recurso electoral, más bien se requiere la transparencia de su labor dentro de los partidos políticos y en el Parlamento. Por tanto, como ha mantenido acertadamente Pilar del Castillo, sin ser una medida negativa, sí resulta insuficiente para mejorar éticamente la democracia[28].

Pero la cuestión de las listas abiertas incide sobre un problema especialmente grave de los actuales sistemas democráticos. Me refiero a la profesionalización de los políticos. Es indudable que ésta puede darse tanto con listas abiertas como cerradas, sin embargo, debido a que dicha profesionalización encuentra un fuerte soporte en el dominio de los partidos políticos, en principio y, solo en principio, estaría más correlacionada con las listas cerradas. Así, la profesionalización exige partidos fuertes en los que desarrollar una carrera política, motivada por la complejidad de la actividad política misma —incrementada, como las del resto de esferas sociales contemporáneamente—, la exigencia de tiempo requerido para dicha actividad y la necesidad de conocimientos técnicos, que desconectan al político —ahora profesional— de otras posibles ocupaciones, lo cual imposibilita su reinserción a otra actividad profesional cuando su dedicación a la política finaliza. Esto tiene como consecuencia el alargamiento de dicha actividad hasta el punto de la dedicación plena, exclusiva y durante toda la vida. Aunque la renovación parlamentaria en nuestro país es alta, se ha creado una especie de circuito político debido a la dificultad de reinserción profesional, que fomenta las prácticas oligárquicas de los partidos. Y esta no es una cuestión baladí, pero que sí escapa a los límites de este trabajo.

6) Barrera electoral. Ésta en el sistema electoral español se sitúa en el 3% de los votos por circunscripción. Lo más destacable es que su efecto es muy limitado o casi nulo, porque el umbral efectivo para obtener representación es de los más altos de Europa, debido al efecto corrector de la proporcionalidad y la pluralidad que los otros elementos del sistema ya analizados producen. En las circunscripciones electorales medianas o pequeñas el umbral efectivo para obtener representación queda muy por encima de ese 3%, y en las circunscripciones grandes, y solo en los casos más extremos dicho umbral efectivo se puede aproximar al 4%. Además, en estas últimas, al no surtir un efecto mayoritario la ley D’Hondt, la barrera electoral es un límite necesario pero que no produce sesgos a favor de unas u otras fuerzas políticas, puesto que se aplica por igual a todos los contendientes.

No es previsible que si se ampliara el distrito territorial a las comunidades autónomas, la barrera electoral produjera sesgos. Sin embargo, si se mantuviera en el mismo nivel en un distrito único de ámbito nacional, la fragmentación electoral podría aumentar significativamente. Si por el contrario, la barrera electoral se aumentara  por encima del 5%, sí perjudicaría a las fuerzas nacionalistas que no obtendrían representación política, dejándolas fuera del sistema. Ello es contrario al principio constitucional de integración de las fuerzas políticas regionalistas o nacionalistas[29].

5. ¿QUÉ REFORMAS?

En conclusión, la transformación del sistema electoral requiere para ser efectiva del cambio en varios de sus elementos a la vez. Sus efectos, qué duda cabe, producirían cambios en el comportamiento electoral a la larga, por ejemplo, respecto al voto útil, y en el sistema político, pero hay aspectos de éste que deben tratar de transformarse directamente, los cuales tendrían sus consecuencias sobre el voto ciudadano. Dichas transformaciones, tanto en el sistema electoral como en el sistema de partidos, dependen de la finalidad que queramos alcanzar: mayor proporcionalidad, mayor pluralidad, estabilidad gubernativa, bipartidismo o multipartidismo, etc. Aceptando que el efecto que el sistema electoral tiene sobre el sistema político es importantísimo, y sin descartar la retroacción de este último sobre el sistema electoral, los cambios dependerán, en definitiva, del sistema político que deseemos tener, dentro de los principios éticos y jurídicos en los que la democracia se basa. Este trabajo se centra en el análisis de la proporcionalidad y pluralidad representativa y en la posibilidad de implementar cambios electorales y en el sistema de partidos para alcanzarlas, pero dentro de la prudencia que exige el dirigirlos hacia la consecución de un sistema gobernable y estable, sin descartar la utilidad de las coaliciones de gobierno. Además, podría ser una de los pilares de la regeneración democrática de la que tanto se habla hoy en nuestro país, siempre que se actúe al mismo tiempo sobre el sistema de partidos directamente. Así como de la recuperación del papel del Parlamento en la vida política, de la confianza del ciudadano en sus instituciones políticas, en los políticos y, lo que es más importante, en la política misma, ante la desconfianza y el descrédito que las encuestas del CIS muestran al respecto, en las que el rechazo a la clase gobernante se está haciendo extensiva a la clase política en general.

Somos conscientes de que todo sistema electoral es el resultado de motivos históricos, intereses de los partidos existentes y de la concepción axiológica que subyace a la democracia. Por eso, los cambios radicales no son previsibles para nuestro sistema electoral e, incluso, los menos extremos chocan con la habituación de los partidos y los electores al sistema, así como las reticencias de los mejor colocados en el mismo[30]. Además, en nuestro caso, el sistema electoral ha conseguido institucionalizar la política democrática en nuestro país, ha dado estabilidad gubernativa, ha integrado en el sistema cierta pluralidad social, ha permitido a los partidos relevantes entrar en el parlamento, ha integrado a las fuerzas nacionalistas, ha evitado la fragmentación y sus reglas son sencillas de entender por los electores[31]. No obstante, no responde al ser aplicado al criterio de proporcionalidad y representatividad plural que hoy se demanda, y por esto el debate sobre su reforma ha pasado de la Academia a la opinión pública. Los partidos políticos no se han adaptado a los cambios habidos en la sociedad española durante las últimas décadas. Están atados a un sistema electoral diseñado hace 35 años y la sociedad española, con un mayor conocimiento de las cuestiones políticas, solicita cambios: una mayor democracia interna en los partidos, mayor participación ciudadana, mayor receptividad hacia las reivindicaciones ciudadanas y mayor rendimiento de cuentas por los políticos. Se trataba entones de tener un sistema electoral, ahora de modificarlo, los intereses siempre son decisivos, pero obviar o minusvalorar la opinión pública es a la larga una mala política.

Toda reforma electoral y del sistema de partidos requiere de un consenso entre la mayoría de las fuerzas políticas, y ello es deseable para integrarlas en el sistema de reglas de juego democrático de un país. En el caso español, por su cuasi-bipartidismo, adquiere un significado especial el apoyo o casi beneplácito que a las reformas den los partidos mayoritarios. Estos, en principio, no son proclives al cambio de un sistema que les ha permitido alcanzar una posición de dominio y protagonismo, que podrían ver quebrados con tales reformas. Sin embargo, con tal bloqueo institucional la libertad e igualdad de oportunidades democráticas seguirían estando comprometidas[32]. Pero, además, tales reformas están en la agenda política del gobierno, de los partidos de la oposición, del Parlamento, en los medios de comunicación y en la opinión pública e, incluso, una mirada más amplia y a largo plazo del funcionamiento de un sistema político cuestionado y deslegitimado, podría llevarnos a pensar que dichos cambios son la medicina que el enfermo necesita. Ahora bien, hay medidas estéticas, formales, que no producen sino un efecto placebo y otras que tienen posibilidades de curar la enfermedad. De entre éstas, unas son agresivas y otras más suaves y de efecto más retardado. El diagnóstico nos ha mostrado que el coste de las primeras puede ser enorme y por eso el enfermo se resiste a tomarlas, las segundas, pueden mejorar la calidad de vida del maltrecho paciente, aunque quizás el tratamiento jamás se pueda abandonar.

Por todo ello, y dejando a un lado las metáforas, pasamos a exponer que cambios nos parecen pertinentes en el sistema electoral para lograr los fines expresados anteriormente.

Colocamos a un lado las propuestas que suponen la modificación de la Constitución, puesto que si ya es difícil alcanzar un consenso respecto a las reformas electorales, más difícil será lograrlo para modificar la propia Carta Magna, a menos que estemos dispuestos a cambios más o menos revolucionarios y de más amplio calado respecto a nuestro sistema democrático, que en la época de los reformismos tienen una oportunidad limitada, aunque no descartable. En este sentido, aunque nos parecen oportunas las propuestas respecto a la ampliación de las circunscripciones a nivel regional o nacional, o la creación de un sistema mixto electoral similar al alemán, que trata de combinar lo positivo de los sistemas mayoritarios y de los proporcionales, o incluso la asignación de escaños en una segunda ronda sobre la base de los votos no utilizados en la asignación provincial, no entramos en posibles simulaciones de los mismos porque resultan siempre ser cambios cuyos efectos contienen un margen de incertidumbre demasiado elevado. Probablemente, requerirían de un banco de pruebas en elecciones menos determinantes que las del Congreso de los Diputados[33].

 Así, situándonos en el marco constitucional, y aunque éste resulte un tanto limitado respecto a la proporcionalidad y pluralidad, hemos de tener en cuenta, obviamente, que cualquier reforma, por mínima que sea, perjudicará a alguien; pero se trata de que el perjuicio sea el mínimo. En todo caso, para lograr una mayor proporcionalidad y pluralidad representativa, como se ha demandado, sería necesario cambiar la asignación de escaños mínimos por provincia para paliar las diferencias de magnitud de los distritos, aumentar el número de miembros de la asamblea y adoptar una formula más proporcional en la atribución de escaños, disminuyendo así las desviaciones en el prorrateo electoral. Lo cual ha sido moneda común en las reformas operadas en otros países[34]. Los tres resultan ser los elementos claves del sistema español que producen los sesgos desproporcionales y antipluralistas antes expuestos. En cuanto a la consecución de una mayor proporcionalidad, como observamos en la tabla nº 2 en la que se ofrecen diferentes simulaciones sobre los tres elementos del sistema electoral considerados y medidas de acuerdo con el índice de desproporcionalidad de Gallagher[35], parece que lo más recomendable sería la reforma que combina una asamblea de 400 miembros, un mínimo de un escaño por provincia y la aplicación de la fórmula de Hare. Ello, no obstante, aunque reequilibraría la relación entre votos y escaños, convertiría al sistema en proporcional-mayoritario de hecho, puesto que en las circunscripciones pequeñas se elegiría un único representante[36]. Téngase en cuenta que las diferencias, no obstante, entre un escaño o dos mínimos por provincia, respetando las otras reformas son solo de 0,1 puntos.

Propuesta que coincide parcialmente con la realizada por el Consejo de Estado en su informe de 24 de febrero de 2009[37], donde éste establece un colegio electoral nacional de 50 diputados al que sólo accederían los partidos políticos que superaran un mínimo de votos y donde el reparto se haría de forma totalmente proporcional, para los votos que no hubieran sido utilizados a nivel provincial. Los restantes 350 diputados se elegirían como hasta ahora, corrigiendo la desproporcionalidad mediante la  asignación de un único escaño por provincia y la fórmula Hare.

 

TABLA Nº 2. ÍNDICES DE DESPROPORCIONALIDAD EN ESPAÑA, SEGÚN DISTINTAS COMBINACIONES DE TAMAÑO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, NÚMERO MÍNIMO DE ESCAÑOS Y FÓRMULA ELECTORAL PARA ELECCIONES DE 2008.

 

 

Fórmulas

Combinaciones tamaño del Congreso de los Diputados/Número mínimo de escaños provinciales

350/2

350/1

400/2

400/1

D’Hondt

4,5

4,1

4,0

3,9

Saint-Laguë

2,9

2,7

2,7

2,2

Droop

3,7

3,2

2,7

2,3

Hare

2,4

2,3

2

1,9

Fuente: MONTERO, J. R. y RIERA, P.: “El Sistema electoral español: cuestiones de desproporcionalidad y reforma”, Anuario de la Facultad de Derecho, UAM, núm. 13, 2009, pp. 254-255.

 

Y respecto a la pluralidad, medida mediante la diferencia entre número efectivo de partidos electorales (NEPE) y número efectivo de partidos parlamentarios (NEPP), de acuerdo con el índice de Laasko y Taagepera[38], los cambios serían más modestos cuando aplicamos las combinaciones referidas. De todos modos podemos observar en la tabla nº 3 que la menor desviación de la pluralidad (0,2) se obtiene cuando aplicamos las fórmulas Saint-Laguë o Hare con un tamaño de la asamblea de 400 miembros. Recordemos que en la combinación anterior también era mediante la fórmula Hare como se lograba una menor desproporcionalidad.

TABLA Nº 3. NEPE Y NEPP SEGÚN DIFERENTES FÓRMULAS ELECTORALES, TAMAÑO DE LA ASAMBLEA Y MÍNIMO POR CIRCUNSCRIPCIONES.

Fórmulas/Índices

Combinaciones

350/2

350/1

400/2

400/1

D´Hondt

 

 

 

 

NEPE

2,8

2,8

2,8

2,8

NEPP

2,3

2,4

2,4

2,4

Saint-Laguë

 

 

 

 

NEPE

2,8

2,8

2,8

2,8

NEPP

2,5

2,5

2,6

2,6

Droop

 

 

 

 

NEPE

2,8

2,8

2,8

2,8

NEPP

2,4

2,5

2,5

2,5

Hare

 

 

 

 

NEPE

2,8

2,8

2,8

2,8

NEPP

 

2,5

2,6

2,6

2,6

Fuente: MONTERO, J. R. y RIERA, P.: “El Sistema electoral español: cuestiones de desproporcionalidad y reforma”, Anuario de la Facultad de Derecho, UAM, núm. 13, 2009, p. 254.

 

Tales reformas perjudicarían al partido ganador de las elecciones que vería reducida su prima aproximada del 5% en escaños respecto a los votos obtenidos y, en menor medida, al segundo, que perdería su prima aproximada del 4%. Beneficiaría a partidos medianos de ámbito estatal, al permitirles alcanzar un número de escaños más acorde con su apoyo electoral que el que logran con el sistema actual. Los partidos nacionalistas quedarían más o menos igual y en algún caso corregirían su desproporcionalidad. A su vez, algún partido pequeño alcanzaría entrar en el Parlamento, sin que se produjera una excesiva fragmentación ni atomización, respecto a la existente actualmente. Todo ello puede ser observado en la simulación realizada en la tabla nº 4, que compara los resultados electorales de las elecciones de 2008 con los que se obtendrían al operar la combinación de los cambios antes expresados sobre la magnitud de las circunscripciones, el tamaño de la asamblea y la aplicación de la fórmula de Hare. Es decir, aunque se perdería un poco de capacidad de conseguir mayorías de gobierno por el partido ganador, se ganaría en proporcionalidad y pluralidad, sin perjudicar en exceso a las distintas fuerzas políticas. Ello supondría abrir un escenario nuevo para la política del país, la cual es percibida en ciertos ámbitos académicos y de opinión popular como desgastada y al final de un ciclo. El nuevo escenario consistiría ante todo en un fortalecimiento de la política de coaliciones que ya existe, al permitir que una o dos fuerzas políticas de carácter estatal tuvieran margen de maniobra para tomar parte en la acción de gobierno o, al menos, jugar un papel más destacado en las decisiones gubernamentales y las tareas legislativas, junto a los partidos nacionalistas que seguirían teniendo dicha capacidad negociadora. En suma, pasar de un cuasi-bipartidismo en el que las dos grandes fuerzas políticas han estado radicalmente enfrentadas y enquistadas, por la defensa de sus propios intereses, durante las dos últimas décadas, a un pluripartidismo moderado, en el que los pactos políticos; tan necesarios en momentos de crisis, sean un instrumento de utilidad pública y no de interés privado, y la ciudadanía encuentre un mayor número de vías abiertas a sus demandas, aun con el coste de una gobernabilidad menos duradera y estable que la actual, una fragmentación un poco más elevada; no mucho más si atendemos a lo que ha ocurrido en las elecciones españolas al parlamento Europeo con un sistema altamente proporcional y, eso sí, una menor claridad respecto a la posibilidad del mandato que la fuerza ganadora de las elecciones recibiría.

Por otra parte, el previsible recorte de votos en los resultados electorales de las próximas elecciones para los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) podría ser un motivo más que suficiente del bloqueo de las reformas electorales por su parte. Sin embargo, esa pérdida de votos y escaños nos abocaría, por el también más que previsible  aumento de votos de los partidos medianos (PODEMOS y CIUDADANOS), a alguna coalición de gobierno con tales fuerzas o entre ellas o con las nacionalistas. Así, si son dichos partidos medianos estatales los que adquieren protagonismo de gobierno, tratarán de introducir las reformas electorales que han venido reivindicando durante los últimos años con la intención de consolidar un sistema pluripartidista, al que habríamos desembocado como consecuencia del agotamiento del bipartidismo.

 TABLA Nº 4. Resultados electorales en porcentajes de escaños en las elecciones GENERALES de 2011 y simulaciones con cambios en el número mínimo por circunscripciones, EL TAMAÑO DE LA ASAMBLEA y en la fórmula electoral

 

 

 

 

Elecciones 2011

D’Hondt/2

350

 Simulación

Hare/1

400

 

 

 

 

Candidatura
(al menos el 1% en algún distrito)

Número de votos

Porcentaje de votos

Escaños

Porcentaje

Escaños

Porcentaje

 

PP-UPN

10.866.566

44,63

186

53,1

192

48,0

 

PSOE-PSC

7.003.511

28,76

110

31,4

124

31,0

 

IU-ICV-CHA

1.685.991

6,92

11

3,1

24

6,0

 

UPyD

1.143.225

4,70

5

1,4

12

3,0

 

CiU

1.015.691

4,17

16

4,6

19

4,8

 

AMAIUR

334.498

1,37

7

2,0

6

1,5

 

EAJ-PNV

324.317

1,33

5

1,4

6

1,5

 

ERC-RI.cat

256.985

1,06

3

0,9

5

1,3

 

EQUO-PSM-SP

216.748

0,89

0

0,0

1

0,3

 

BNG

184.037

0,76

2

0,6

3

0,8

 

CC-NC-PNC

143.881

0,59

2

0,6

3

0,8

 

COMPROMÍS-

125.306

0,51

1

0,3

1

0,3

 

FAC

99.473

0,41

1

0,3

2

0,5

 

Eb

97.673

0,40

 

 

 

 

 

PA

76.999

0,32

0

0,0

0

0,0

 

PxC

59.949

0,25

 

 

 

 

 

P.R.C.

44.010

0,18

0

0,0

1

0,3

 

GBAI

42.415

0,17

1

0,3

1

0,3

 

ESPAÑA 2000

9.266

0,04

 

 

 

 

 

Caballas

1.712

0,01

0

0,0

0

0,0

 Fuente: elaboración propia utilizando el simulador elaborado por el profesor Jaime Balaguer (Universidad Carlos III de Madrid), http//www. sistemaelectoral.es

 

Por otra parte, con tal reforma, como hemos intentado hacer ver, no quedarían seriamente comprometidos, sino que en algunos casos se mejorarían, los principios que Douglas Rae ha señalado que deben presidir todo sistema electoral: imparcialidad, conveniencia histórica, fraccionamiento no excesivo, estabilidad, mandato de gobierno claro al partido ganador de las elecciones, integración estatal de los partidos, viabilidad de los partidos políticos pequeños y una distancia no excesiva entre candidatos y electores[39]. Tampoco lo harían las exigencias que señala Dieter Nohlen: representación (reproducción de los intereses y opiniones sociales); concentración (agregación de intereses y opiniones para poder actuar políticamente); participación; simplicidad (comprensión del sistema por parte del electorado); legitimidad (aceptación de los resultados electorales)[40].

La barrera legal es menos importante, pero no debería ser aumentada, para evitar convertir a las fuerzas nacionalistas en partidos anti-sistema. Las listas abiertas responden a otras motivaciones diferentes a las de la proporcionalidad, aunque tienen importancia respecto a la pluralidad de preferencias de los electores, sin embargo, podrían en un extremo radical ser un obstáculo serio para la gobernabilidad, sobre todo en un país donde las estructuras partidistas deberían ser adecuadas para el pluralismo que las listas abiertas proporcionan. Como Roberto Blanco Valdés ha mantenido, difícilmente derribarían la partidocracia sin otras medidas adicionales[41]. Al mismo tiempo, generan bastante incertidumbre respecto a sus resultados hoy por hoy. Por ello, consideramos más oportuno en todo caso, el desbloqueo de las mismas, con lo que se obtienen ciertas mejoras ya expuestas en el apartado anterior, como paso previo a las listas abiertas.  

Notas


 

[1] Giovanni Sartori considera que los sistemas mayoritarios sacrifican la representatividad a favor de la eficiencia y los proporcionales esta última a favor de la representatividad (Sartori, G., Elementos de teoría política, Madrid, Alianza Universidad, 1992, p. 236).

[2] Lago, I. y Montero, J. R., “Participación y resultados electorales en España”, REIS, núm. 130, 2010, p. 34.

[3] Ibíd., p. 44.

[4] Alarcón Cabrera, C., “Justicia electoral”, en vol. col. Mora Molina, J. J. (coord.) Jaque a la democracia, Málaga, Sepha, 2010, p. 44.

[5] Sartori, G., “Political development and political engineering”, Public Policy 17, 1986, p. 273.

[6] Montero, J. R., “Reformas y panaceas del sistema electoral”,  Claves de Razón Práctica, núm. 99, enero-febrero 2000, p. 32.

[7] Ibíd., p. 34.

[8] Bartolini, S., Partidos y sistemas de partidos”, en  Pasquino, G. (comp.) Manual de ciencia política, Madrid, Alianza Editorial, 1993, p. 224.

[9] Vallés, J. M. y Bosch, A., Sistemas electorales y gobierno representativo, Barcelona, Ariel, 1997, p. 150. Vid. Lipjhart, A., Sistemas electorales y sistemas de partidos. Un estudio de veintisiete democracias 1945-1990, Madrid, CEC, 1995, p. 202.

[10] Montero, J. R.; Gunther, R. y Linz, J., Partidos políticos. Viejos conceptos y nuevos retos, Madrid, Trotta, 2007, p. 58.

[11] Vid.  Montabes, J. (editor) El sistema electoral a debate. Veinte años de rendimiento del sistema electoral español (1977-1997), Madrid, Parlamento de Andalucía-Centro de Investigaciones Sociológicas, 1998, p. 61.

[12] Montero, J. R., “Reformas y panaceas del sistema electoral”, Claves de Razón Práctica, núm. 99, enero-febrero 2000, ob. cit., p. 37.

[13] Para algunos autores es el elemento con más amplias consecuencias sobre el resultado electoral (Penadés, A.: “El sistema electoral español (1977-1996)”, en Paniagua Soto, J. L. y Monedero, J. C. (eds.), En torno a la democracia en España. Temas abiertos del sistema político español, Madrid, Tecnos, 1999, p. 292).

[14] Kelsen, H., Esencia y valor de la democracia, Granada, Comares, 2002, p. 68.

[15] Los sistemas proporcionales suelen ser menos abstencionistas. Se ha estimado en 8 puntos la diferencia respecto a los sistemas mayoritarios (Vallés, J. M. y Bosch, A., Sistemas electorales y gobierno representativo, ob. cit., p. 178).

[16] Italia ha tenido entre 1945 y 2005 60 ejecutivos diferentes, la mayor parte de coalición.

[17] Penadés, A., “La reforma electoral y el sueño japonés”, El País, Madrid, 13-03-2013, p. 37.

[18] Bartolini, S., “Partidos y sistemas de partidos”, ob. cit., p. 225.

[19] Sodaro, M., Política y Ciencia Política. Una introducción, Madrid, McGraw-Hill, Segunda Edición, 2010, pp. 152 y 153.

[20] Ibídem, p. 151.

[21] Sartori, G., Elementos de teoría política, ob. cit., p. 241.

[22] Montabes, J. (editor), El sistema electoral a debate. Veinte años de rendimiento del sistema electoral español (1977-1997), ob. cit., p. 88.

[23]Vanaclocha, F.; Ruiz de Azúa, M.A. y Román, P., “Actores y dinámica política”, en De Blas Guerrero, A. y Pastor Verdú, J. (editores), Fundamentos de Ciencia Política, Madrid, UNED, 1997, p. 191.

[24] Ruiz-Rufino,  R., “La caracterización de los sistemas electorales. Una aplicación de las funciones de agregación de umbrales en las nuevas democracias de Europa y América Latina”, Revista Española de Ciencia Política, núm. 13, octubre 2005, p. 8.

[25] Montero, J. R., “Reformas y panaceas del sistema electoral español, ob. cit., p. 34.

[26] Kelsen, H., Esencia y valor de la democracia, ob. cit., p. 71.

[27] Montero, J. R., “Reformas y panaceas del sistema electoral español, ob. cit., p. 36.

[28] Montabes, J., El sistema electoral a debate. Veinte años de rendimiento del sistema electoral español (1977-1997), ob. cit., p. 75.

[29] Ibíd., p. 88.

[30] Baras, M. y Botella, J., El sistema electoral, Madrid, Tecnos, 1996, pp. 169 y ss. 

[31] Montabes, J., El sistema electoral a debate…, ob. cit., p. 455.

[32] González Encinar, J. J. (coord.), Derecho de partidos, Madrid, Espasa-Calpe, 1992, p. 39.

[33] Vid. Montabes, J. (editor), El sistema electoral a debate, ob. cit., p. 195.

[34] Ibíd., p. 45.

[35] El índice de desproporcionalidad aplicado es el de mínimos cuadrados de Gallagher, calculado mediante la siguiente fórmula:

ID = [1/2 Σ (si – vi) 2]1/2,

donde vi es el porcentaje de votos que consigue cada partido, y si es el porcentaje de escaños. También resulta útil para medir la desproporcionalidad, la tasa de ventaja/desventaja o sobre/infrarrepresentación de cada partido político, cuya fórmula sería:

            % de escaños obtenidos

A= —————————————

            % de votos obtenidos

Siendo el valor de ausencia de ventaja/desventaja igual a 1.  Vid. Penadés, A.: “El sistema electoral español (1977-1996)”, ob. cit., p. 309.

[36] Montabes, J. (editor): El sistema electoral a debate, ob. cit., p. 50.

[37] CONSEJO DE ESTADO: Informe del Consejo de Estado sobre las propuestas de modificación del Régimen Electoral General, 24 de febrero de 2009. 

[38] El número efectivo de partidos, electorales (NEPE) o parlamentarios (NEPP), se calcula mediante el índice de Laasko y Taagepera, cuya fórmula es la siguiente:

                                  

 

Donde n representa el número de partidos que obtienen al menos un voto (en el caso de la NEPE) o un escaño (en el caso de la NEPP),  pi  es la proporción de votos (partidos electorales) o de escaños (partidos parlamentarios) del partido i.

[39] Rae, D. y Ramírez, V.: Quince años de experiencia. El sistema electoral español, ob.cit., pp. 5-8.

[40] Montabes, J (editor): El sistema electoral a debate, ob. cit., pp. 136-137.

[41] Blanco Valdés, R.: “La democracia y el poder de los partidos”, Claves de Razón práctica, núm. 63,  junio 1996, p. 29.

 

 

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