Portada

Artículos y fuentes Actividades-aula

Arte y Filosofía

Hª de la filosofía

Imaginario filosófico

Libros- reseñas

Entrevistas, links,noticias,...

 

El derecho de decidir, las independencias de los pueblos y la izquierda política

 

Pablo A. Martín Bosch (Aritz)

 

 

Quiero que se me reconozca el derecho a la participación activa en la vida política.

 Quiero que las decisiones políticas que me atañan me sean consultadas.

 Quiero que mis ensoñaciones políticas puedan ser puestas en práctica de manera y con medios democráticos.

 Quiero que las mayorías implicadas directamente en las cuestiones políticas que pudieran surgir tengan la responsabilidad de materializar sus objetivos.

 Quiero poder decidir sobre si quiero decidir o no.

 Quiero que, una vez decidido que quiero decidir, ni se me obligue a hacerlo, ni se me prohíba su ejercicio.

 Quiero que la voluntad mayoritaria, una vez cuantificadas las respuestas, sea de obligado cumplimiento.

 Quiero que, una vez reconocido mi pleno derecho a decidir sobre mi futuro y el de mi comunidad, se inquiera sobre un abanico amplio de posibilidades.

 Una vez dicho lo anterior, quiero la independencia de Euskal Herria – pero me someteré a lo que la mayoría decida –, porque: 

Quiero que mis hijos puedan aprender en euskara, castellano, francés, o cualquier otra lengua sin que un tribunal castellano o francés me obligue a que impartan un porcentaje impuesto en otra lengua que no sea discriminatoria positivamente con el euskara.

Quiero que las cofradías de pescadores tengan la capacidad jurídica necesaria para poder negociar directamente con la UE sin necesidad de que el Reino de España haga de intermediador, y sin posibilidad de que éste, o la República Francesa impongan los mediadores.

 Quiero que las Asociaciones de Agricultores y Ganaderos puedan negociar directamente las cuotas de leche, y las cantidades de frutas y verduras, o los productos que les sean propios, con la UE, sin necesidad de intermediación por parte de España o Francia.

 Quiero que las fricciones derivadas de la miopía de los Gobernadores civiles de turno desaparezcan (guerras de banderas, de símbolos, de mapas, etc.).

 Quiero que los delitos sean juzgados por tribunales vascos en lo que les corresponde como entidad política independiente, sin sometimiento a tribunales inquisitoriales, de excepción y lejanos al territorio.

 Quiero que los condenados residan en recintos penitenciarios cercanos a sus familiares.

 Quiero cercanía con el poder político.

 Desde luego no quiero pagar la revitalización de la banca española ni de todos sus chorizos a mis cuentas.

 Quiero una policía de cercanía.

 Quiero que el Gobierno Vasco pueda adherirse a cuantos tratados de ámbito policial crea necesario, sin vetos por parte de los Estados.

 Quiero que las Leyes aprobadas por el Parlamento no puedan ser recurridas ante un tribunal superior que no sea el de la UE o superiores.

 Quiero que leyes tan importantes como las que afectan a las jubilaciones, las relaciones sexuales y la procreación, la sanidad, la educación, y un largo etcétera no puedan ser dictadas por quienes no tienen en cuenta las singularidades nacionales – en contra de lo que indica la propia Constitución–.

 Soy consciente de que la independencia de España podría traer – no está claro si lo haría indefectiblemente o no – las siguientes consecuencias:

 La salida de España, y por lo tanto de la marca España, lo que parece ser más una ventaja que una traba.

 La salida del euro, lo que no tiene por qué ser negativo, Gran Bretaña sigue utilizando la libra, y Rusia el rublo, y no pasa nada. En Iparralde al franco se le sigue denominando “libera”, por algo será.

 La salida de los tratados de Schengen, algo fácilmente subsanable, pero si no, Gran Bretaña no los firmó y no pasó nada (para entrar en Gibraltar hace falta pasaporte).

 La salida de la OTAN, algo que ya fue rechazado en referéndum. Además, un País sin ejército no tendría sentido dentro del bloque militar.

 Se renunciaría a las ayudas económicas, y, por otro lado se huiría de la usura europea (caso Ucrania – Crimea). De todas maneras, las ayudas económicas no se dan por pertenecer o no a la UE, sino por la solvencia demostrada.

España se opondría y vetaría la integración a la UE. Esto implicaría que el Reino de España se haría cargo a modo individual de la deuda contraída (ya que la firma el Reino), con lo que Euskal Herria quedaría libre de la misma. La productividad de una España sin Catalunya ni Euskal Herria (es decir, sin sus motores) pasa a equipararse a países del tercer mundo, por lo que, en poco tiempo podría demostrar su incapacidad para seguir el ritmo europeo (esperemos que no), al contrario de dos regiones en auge tras desprenderse del lastre del reino. Llegaríamos a la paradójica situación de vetar España a Catalunya y Euskal Herria; mantenerse durante unos años a duras penas, entrar Catalunya y Euskal Herria en la UE, y expulsar al reino por incumplimiento de sus deudas.

 Así pues, sí, quiero que se reconozca mi derecho a decidir, y sí, quiero la independencia de Euskal Herria, Catalunya, Galiza … siempre y cuando sus ciudadanos en mayoría y democráticamente así lo decidan.

 Aún así sé que hay gente que tiene temor al futuro:

 ¿Qué va a pasar si Euskal Herria se  independiza? No lo sabemos … ¿Qué va a pasar si Araba decide independizarse de Euskal Herria? No lo sabemos … ¿Qué va a pasar si Bilbo quiere separarse de Bizkaia? No lo sabemos … Pero sí sabemos que con la marca España salimos perdiendo.

 Otra gente dice: ¿Para qué probar cosas nuevas? Y la respuesta cae por su peso: porque lo caduco no ha dado visos de progreso.

 Otros aventuran: toda decisión contraria a la ordenación jurídica actual es ilegal y, por lo tanto ilegítima. Nos engañan haciéndonos creer que la legislación actual puede permitir en algún momento la secesión de parte de su territorio. Este tema nos lleva a la moralidad de la constitución Española, tal y como tendremos ocasión de tratar más adelante.

 Por un lado, la Constitución Española es a todas luces inmoral desde el momento de que para que una decisión sea moralmente correcta han de presentarse todas las posibilidades en igualdad de condiciones. Cuando se planteó el referéndum constitucional se exigía votar entre el suicidio (dictadura) y democracia, pero no entre dictadura y diversas formas de democracia (directa, parlamentaria, representativa, etc.). Sólo se podía elegir entre dictadura y democracia (Sí o no).  Cuando la decisión ha de tomarse entre suicidio (dictadura) y “x”, la respuesta es clara, pero de ninguna manera ética.

 Por otro lado, ahora se plantea crear una nueva Constitución, de manera que se deba decidir entre la Constitución A o la Constitución B, teniendo ambas en común la pertenencia obligatoria al conjunto. Es decir, se admita A o se admita B, el resultado es el mismo: nunca se puede separar una parte del todo si éste no lo admite. Y ahí radica el quid de la cuestión.

 Si una parte quiere separarse del todo no existe potencia que pueda negar tal derecho.

 No es necesario recurrir a los derechos históricos (que puede haberlos), culturales o de otra índole. Basta con que una generación quiera ejercer su derecho a decidir sobre su futuro para que la misma deba ser suficiente para ser respetada: si Araba o Nafarroa quieren pertenecer a Castilla, por poner dos ejemplos, nadie tiene el derecho a oponerse a su decisión; pero si quieren permanecer en Euskal Herria, nadie ha de vetar su inmersión. Del mismo modo que Trebiño pertenece a Castilla-León, o Trutzioak a Cantabria, podemos encontrarnos con zonas castellanas dentro de Euskal Herria y viceversa. Esto no debería ser un problema. Basta con consultar a los ciudadanos involucrados, es decir, ejercer la democracia.

 El problema surge cuando se niega la voluntad popular, cuando se imponen leyes ajenas al sentir de la ciudadanía. Podemos entender que Trebiño (por poner un ejemplo) quiera pertenecer a Araba y no a Euskal Herria, pero debemos consultar a sus ciudadanos sobre sus ansias y proyectos; lo contrario significa oponerse a la propia democracia. Así, no se trata de promulgar la independencia (o dependencia) de los ciudadanos, sino de dar rienda suelta a sus verdaderos deseos.

 Para concluir, si se pretende una reforma Constitucional, no basta con proponer dos modelos donde Catalunya, Euskal Herria, Galiza, etc. queden inmersos de manera que sí o sí deban permanecer en el Reino de España, sino que se ha de ofertar la posibilidad de que puedan separarse. Ahí radica la visión izquierdista de la política, lo contrario (la unión forzada) no es más que la epifanía de la derecha más retrógrada.

 

 

VOLVER A PORTADA